Javier Salvador, @jsalvadortp
Gabriel Amat podría haber pasado a la historia como el presidente del PP que obligó a Rajoy a incluir las obras del AVE de Almería en los Planes Generales del Estado bajo la amenaza de que sus diputados por esta provincia no votarían unas cuentas que dejan de lado a la huerta de Europa. Pero no, no son sus diputados y no les duelen las necesidades de Almería, y a lo más que han llegado es a la burda promesa que hay sobre la mesa de que el primer tren que veremos llegar aquí será después de las siguientes elecciones generales. Y claro, a todas luces no parece que sean ellos quienes lo inauguren.
Podría haber dejado huella forzando a que la línea eléctrica de la que depende el crecimiento de los parques eólicos, el desarrollo urbanístico, comercial o industrial del levante de Almería fuese una obra urgente e inmediata, pero tampoco es así, se escuda en que se trata de una guerra política. Y así debe entenderlo porque principalmente afecta a ayuntamientos en los que ellos no gobiernan. Pero esa forma de hacer las cosas es la que le hará pasar a la historia como el único político, o lo que sea que se considere, capaz de cortarle el agua a los vecinos de pueblos pequeños. El asunto es grave porque precisamente para localidades de ese tamaño y condiciones se creó la figura de las Diputaciones Provinciales, pero en Almería las grandes obras, las mejores inversiones de la institución provincial se van directamente a las grandes poblaciones. Ejemplo, lo invertido por Diputación en una sola calle de Almería capital a las puertas de la nueva casa del alcalde del PP, duplica en mucho lo que recibe en infraestructura un pueblo de menos de 5.000 habitantes, tamaño de los que en Almería hay un montón.
Y ha sido el alcalde de un pueblo pequeño como el de Serón el que por fin le ha plantado cara a él y a la camarilla de aplaudidores que forman el equipo de gobierno provincial. Amat ha sido denunciado, de una vez por todas, por una de las mayores vergüenzas de esta provincia, que no es otra que una empresa pública que aún con pérdidas millonarias se ha permitido mantener a directivos políticos con sueldos millonarios. Se ha utilizado a una empresa pública para premiar a sus fieles con obras en infraestructuras al mismo tiempo que otros tomaban la decisión de marcharse porque, sencillamente, sus redes de abastecimiento ya no soportaban más el paso del tiempo.
Juan Antonio Lorenzo, de Serón, ha llevado a los juzgados a Gabriel Amat por tener la osadía de intentar cortar el agua a vecinos del entorno rural creyéndose el amo y señor de bienes públicos que tiene en custodia, no en propiedad, y no se equivoca el portavoz de los socialistas cuando dice que Amat pasará a la historia. Claro que lo hará.
Ningún alcalde de España, que además es presidente de una Diputación Provincial y presidente del PP, se mantiene en el cargo mientras se le investiga por más de 150 empresas relacionadas con él y siempre a raíz de operaciones urbanísticas, contratos públicos tan variopintos como palmeras con GPS y todo un abanico de despropósitos que se diluyen en el tiempo a raíz de sucesivos cambios de magistrado en el juzgado que instruye las causas que a él le afectan. Puede que sea un hombre con suerte, y puede que por ello también pase a la historia, pero un hombre con suerte también decía ser el ex alcalde, ex presidente de la diputación provincial y del Partido Popular en Castellón, Carlos Fabra, y al final terminó en la cárcel pese a que decía que lo que tenía era porque le había tocado la lotería varias veces. Hacienda no lo vio así y al final se le acabó la suerte e hizo historia. Ya lo creo que la hizo.
