TELEPRENSA.- La Consejería de Empleo, Empresa y Comercio ha abierto el plazo de solicitud de la nueva convocatoria de ayudas para promover la inclusión sociolaboral de los colectivos en situación de exclusión a través de las empresas de inserción, a las que destinará a lo largo de este año más de 1,9 millones de euros. Las entidades interesadas tienen de plazo hasta el 27 de agosto, para solicitar estos incentivos en régimen de concurrencia competitiva, con los que está previsto apoyar alrededor de 146 puestos de trabajo.
Pueden solicitar estas subvenciones las sociedades mercantiles o cooperativas inscritas en el registro de empresas de inserción de Andalucía o las que estén inscritas de forma provisional hasta que se resuelva la calificación definitiva. Los formularios de solicitud pueden obtenerse en la dirección electrónica http://juntadeandalucia.es/organismos/empleoempresaycomercio/sae/servicios/ayudas/detalle/77121.html o en la sede de la Agencia Servicio Andaluz de Empleo.
Por un lado, se convoca una ayuda destinada a financiar hasta el 75% de la inversión en inmovilizado (instalaciones, maquinaria, mobiliario o nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones) realizada para crear puestos de trabajo de personas en situación de exclusión social. Hay un límite máximo de 8.000 euros en el caso de que la inversión en inmovilizado permita la realización de un contrato a tiempo completo, y de 4.000 euros para contratos a media jornada. Se estima que esta ayuda puede generar una media de 53 contratos y una inversión de 424.000 euros.
Una segunda línea de ayudas incentiva el mantenimiento de los contratos de las personas en situación de exclusión social que desarrollen un itinerario personalizado que las capacite para su inserción en la empresa ordinaria. La cuantía será el 50% de los costes salariales de la contratación durante 12 meses, con un límite de 5.000 euros por persona contratada a jornada completa y 2.500 en el caso de media jornada. Esta ayuda incentivará más de medio centenar de contratos, con una inversión de 265.000 euros.
Por último, la convocatoria establece una ayuda para la contratación o mantenimiento de personal técnico encargado de tutorizar estos itinerarios personalizados de inserción sociolaboral de las personas en situación de exclusión contratadas por las empresas de inserción. Se subvencionará el 100% de los costes salariales derivado de la contratación de estos técnicos, con una cuantía máxima de 32.135 euros por año, jornada completa y tutor. Esta ayuda contribuirá a realizar 40 contrataciones, para lo cual la Junta destinará una inversión de 1,2 millones de euros.
Las empresas de inserción son aquellas entidades, sociedades mercantiles o cooperativas que realizan una actividad económica o prestación de servicios con el fin primordial de integrar y formar sociolaboralmente a personas en situación de exclusión social, un sector empresarial que aglutina a alrededor de 35 empresas en la comunidad y que da empleo a unas 500 personas.
Entre los colectivos que se consideran personas en riesgo de exclusión se encuentran los perceptores de rentas mínimas de inserción y los miembros de la unidad de convivencia beneficiarios de ellas; jóvenes mayores de dieciocho años y menores de treinta, procedentes de Instituciones de Protección de Menores; personas con problemas de drogodependencia u otros trastornos adictivos que se encuentren en proceso de rehabilitación o reinserción social; internos de centros penitenciarios cuya situación les permita acceder a un empleo en régimen abierto, sometidos a un sistema de contratación ordinaria con empresarios, así como liberados condicionales y ex reclusos.
También se incluyen a menores de edad internos cuya situación les permita acceder a un empleo en régimen abierto, sometidos a un sistema de contratación ordinaria con entidad o persona empleadora, y las que se encuentran en situación de libertad vigilada; personas procedentes de servicios de prevención e inserción social autorizados; mujeres víctimas de violencia de género procedentes de casas de acogida o programas de protección; emigrantes retornados a Andalucía con graves necesidades personales o familiares; desempleados mayores de 50 años que hayan estado inscritos de forma ininterrumpida como demandantes de empleo durante, al menos, doce meses; y personas con discapacidad física, intelectual o sensorial, en un grado igual o superior al 33%, entre otros.
