Abengoa se sitúa en el ojo del huracán de la Fiscalía Anticorrupción por el saqueo del Ayuntamiento de El Ejido
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Abengoa se sitúa en el ojo del huracán de la Fiscalía Anticorrupción por el saqueo del Ayuntamiento de El Ejido

14 de Noviembre de 2017 17:19h

El fiscal solicita 1.545 años de prisión para 50 acusados

Policía Nacional en el Ayuntamiento de El Ejido el día que fue detenido Juan Enciso
Policía Nacional en el Ayuntamiento de El Ejido el día que fue detenido Juan Enciso

TELEPRENSA.- Ni Juan Enciso, exalcalde de El Ejido, ni José Alemán, exinterventor municipal del Ayuntamiento, fueron los líderes de la supuesta trama de saqueo del Ayuntamiento de El Ejido a través de la empresa mixta de servicios ElSur. No, la Fiscalía Anticorrupción pone el foco sobre el Grupo Abengoa y las diferentes empresas con las que supuestamente controló a ElSur para llevar a cabo una serie de presuntas actividades ilícitas que concluyeron con 71,4 millones de euros menos en las arcas municipales entre 2002 y 2009.

Ha tardado pero el fiscal ha calificado finalmente los hechos y solicita penas que suman 1.545 años y 136 meses de prisión para 50 acusados -8 de ellos con cargos en empresas del Grupo Abengoa- por un total de 362 delitos, el pago de multas por un valor total de 883.982.400 euros y el abono de indemnizaciones en favor del Ayuntamiento por valor de 71.426.908,21 euros y de 28.913.282,46 euros para Hacienda.

Aunque no sean directamente los cabecillas, el fiscal ha solicitado penas de 64 años de prisión y el pago de multas por valor de 49.844.870,60 euros para Juan Enciso y José Alemán. Acusa a cada uno de ellos de un delito de malversación de los caudales públicos en concurso con otro de falsedad continuada en documento mercantil, 16 delitos contra la Hacienda Pública, un delito de cohecho pasivo propio continuado y otro de prevaricación continuada.

Otros de los principales acusados en Almería son los empresarios José Amate y Juan Antonio Galán. El primero se enfrenta a la friolera de 97 años de prisión, una multa de 65.900.000 euros y el pago de indemnizaciones de 58.068.663,23 euros por delitos de malversación de caudales públicos, falsedad en documentl mercantil, contra la Hacienda Pública y cohecho activo continuado.

Una petición que se queda pequeña incluso si se compara con los 174 que pide para Juan Antonio Galán, para el que también pide multas por 75.400.000 euros e indemnizaciones por valor de 40.667.957,04 euros por los mismos tipos delictivos.

Ambrosio Cuevas, otro de los empresarios acusados en la causa, que se encontraría en un nivel inferior al de los anteriores en la supuesta trama de corrupción, podría ir 73 años a la cárcel, pagar indemnizaciones por valor de 10.978.771,59 euros e indemnizaciones por 42.500.000 euros.

Son sólo parte de los datos contenidos en una calificación de 207 páginas y dividida en ocho bloques, dedicados a Abengoa, Amate, Galán, Alemán, Enciso, Cuevas, el empresario Jesús Aragón García y la mercantil Urdial-Mariya SL, por ese orden.

Pero, como se ha dicho, el fiscal considera que el líder de este entramado es el Grupo Abengoa, que supuestamente habría obtenido 232.628.819,88 euros por servicios de mantenimiento dentro del canon anual y por servicios y obras fuera del mismo. En el importe de esas facturaciones iban comprendidas las sobrefacturaciones que los distintos grupos empresariales y sus propietarios efectuaban a ElSur.

"A través de una red de empresas que se han ido sucediendo unas a otras, la multinacional Abengoa ha venido siendo la propietaria del 70 por ciento de las participaciones de ElSur’ (...) “estas sucesivas transformaciones perseguían una única finalidad, tratar de camuflar que la autentica propietaria de ElSur es Abengoa’, asegura el fiscal anticorrupción, quien señala que lo hacía "con la connivencia de los representantes municipales, principalmente en lo que estos efectos se refiere, del alcalde, el acusado Juan Antonio Enciso Ruiz, a la vez presidente del Consejo de Administración, y el interventor municipal, el acusado José Antonio Alemán Bracho".

Asegura que Abengoa, como socio privado mayoritario de ElSur, “procedió, a través de sus directivos acusados en esta causa a beneficiarse ilícitamente de esos ingresos a sabiendas de la naturaleza pública del dinero que en ese concepto percibía”. A esto añade que a través de sus mercantiles Befesa y Aygesa, se “han apoderado” de la cantidad de 31.089.484,59 euros con la sobrefacturación en concepto de "Gastos de Apoyo a la Gestión y Asesoramiento", “servicios que en realidad no se prestaron” y que “tenían como única finalidad el apoderamiento ilícito por parte del socio privado de unos fondos que sabían eran de naturaleza pública”.

A su vez, el fiscal indica que ElSur no tenía permitida la subcontratación de sus servicios pero que los hizo durante años con “una doble finalidad, engordar artificialmente el canon anual que tenía que recibir como contraprestación por parte del Ayuntamiento, y, por otra, aumentar aún más sus ingresos defraudando a la Hacienda Pública”. “Para ello orquestaron la creación de una trama de sociedades que se dedicaban a subcontratar con ElSur', en manos de los acusados José Amate Rueda y Juan Antonio Galán Martínez, principalemente.

Precisa que “en el análisis efectuado por los peritos judiciales, les ha sido puesto al descubierto su carácter meramente instrumental, es decir, sociedades que con una personalidad jurídica ficticia trataban de ocultar las maniobras ilícitas que los responsables del Grupo Empresarial Abengoa”. Según el Ministerio Público, Amate y Galán eran “plenamente conscientes de estas maniobras y colaboraban con ELSUR en la consecución de la finalidad defraudadora a cambio de conseguir pingües beneficios por medio de la sobrefacturación”.


El fiscal hace alusión también a un supuesto fraude en el Impuesto de Sociedades por parte de ElSur a través de un "aumento considerable de gastos para reducir
significativamente las ganancias y así reducir el beneficio" con una supuesta cuota defraudada de 16.279.469,69 euros. Habla asimismo de un presunto fraude en el IVA de ElSur, gracias a las subocontratas con mercantiles de Amate y Galán, con las que la empresa mixta obtenía más IVA deducible y pagaba menos a Hacienda.

"La cuota total que ha sido defraudada y no pagada a la Hacienda Pública por
los Impuestos de Sociedades e IVA por parte de ElSUR, asciende a 17.087.989,76 euros. De esa cantidad, se ha regularizado en vía administrativa (...) la cantidad de 808.520,07 euros", según el fiscal, por lo que quedarían pendientes de pago 16.279.469,69 euros.
“Es decir, ElSur, y su socio mayoritario el Grupo Empresarial Abengoa, que lo controla, permiten y colaboran en la creación de las empresas subcontratistas para mediante las mismas ocultar las elevadas ganancias que de manera fraudulenta obtienen no solo del Ayuntamiento, sino también reduciendo considerablemente las cuotas tributarias que hubiesen tenido que satisfacer”, dice.

El segundo bloque de la calificación está dedicado al empresario José Amate, cuyo grupo empresarial habría sobrefacturado a ElSur 24.688.222,63 euros; mientras que el tercero se centra en Juan Antonio Galán, cuyas empresas habrían sobrefactuado 15.649.200,99 euros. Los dos grupos habrían eludido además el pago de parte del IVA a través de facturas a terceros.

Un cuarto bloque se centra en el exinterventor municipal José Alemán, quien “permitió, a cambio de grandes prebendas económicas, que los hechos tuvieran lugar” y “directamente o a través de sus familiares, constituyó empresas con la finalidad de lucrarse ilícitamente y así obtener fuertes ingresos que se invierten en crear un importante patrimonio inmobiliario, adquirir vehículos de gama alta, valores mobiliarios y gastos de lujo”. Por ejemplo, la compra de caviar.

El siguiente bloque es el dedicado al exalcalde Juan Enciso, quien junto al anterior y también a cambio de prebendas, habría hecho caso “omiso de sus obligaciones de fiscalización y control para con los fondos públicos del municipio, que las mismas pudieran tener lugar”.

Mantiene el fiscal que Enciso además “hizo uso de las influencias que los puestos que ostentaba” para que “familiares directos por consanguinidad o afinidad y personas con las que mantenía una estrecha relación de amistad, así como otras con las que mantenía vínculos políticos, fuesen contratados por ElSUe y por empresas que prestaban sus servicios al Ayuntamiento”.

El apartado sexto es para el empresario Ambrosio Cuevas, cuyas empresas habrían mantenido diferentes relaciones para facturar a las mercantiles de otros acusados y con ElSur, siendo el séptimo para el también empresario Jesús Aragón García, que principalmente habría estado relacionado en esta supuesta trama con el anterior y con Juan Antonio Galán.

Por último, el fiscal aborda la actividad de Urdial-Mariya SL, una empresa dedicada a realizar estudios e informes de carácter urbanístico que, según el Ministerio Público, se constituyó por “testaferros de tres personas vinculadas laboralmente al Ayuntamiento de El Ejido y a ElSur que “mantenían relaciones familiares con los verdaderos artífices de la constitución y gestión de la entidad”.

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